1.Nuevas facultades ChileValora:

• Se propone ampliar las facultades de ChileValora a la elaboración de planes formativos basados en los perfiles ocupacionales y construcción de rutas formativo laborales, que son esenciales para la implementación del Marco de Cualificaciones de la FTP. Se busca incorporar la facultad a ChileValora, como órgano regulador de la política pública, de celebrar convenios de homologación con entidades nacionales e internacionales, destinados al reconocimiento recíproco de las certificaciones otorgadas, lo que se alinea con la “Declaración de Lima” de 2019, y la “Declaración de Santiago” de 2020, en el marco de la Alianza del Pacífico, en virtud de las cuales se recomienda el establecimiento de un “Sistema de Homologación.
• Modificación legal para que ChileValora reciba el 100% de su presupuesto anual a través de los recursos asignados por ley de presupuestos y no por transferencia, eliminando también la relación 49/51 de su patrimonio.

2.Estructura de financiamiento de ChileValora:

• Modificación legal para que ChileValora reciba el 100% de su presupuesto anual a través de los recursos asignados por ley de presupuestos y no por transferencia, eliminando también la relación 49/51 de su patrimonio.

3.Fortalecimiento de los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales:

• Una mayor cobertura y despliegue del Sistema requiere fortalecer a los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales, por lo que la iniciativa legislativa les otorga permanencia en su funcionamiento. Actualmente los OSCL están circunscritos sólo al proceso de generación, adquisición y actualización de las unidades de competencias laborales, lo que tiene una duración acotada.

4. Regionalización:

• Se establece la posibilidad de incorporar oficinas de ChileValora en las regiones del país, para fortalecer la vinculación de la certificación con las demandas de desarrollo de capital humano y las particularidades del empleo en cada región.

5.Régimen general de evaluadores:

• Eliminar inhabilidad entre evaluador de competencias laborales y relator (facilitador) de capacitación. Esta inhabilidad se justifica respecto de directores, gerentes o administradores, pero en el caso de los relatores resulta excesiva, restringiendo además la oferta de evaluadores. Por esta razón, se elimina la inhabilidad de los relatores.

6. Registro de certificaciones otorgadas:

• El registro incorporará a todas aquellas personas certificadas en sus competencias laborales de aquellos países con los que ChileValora cuente con acuerdos de homologación.

7.Plazo de acreditación de los Centros de evaluación y certificación:

• La acreditación podrá otorgarse por un plazo que irá entre 1 y 4 años, de acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento

8.Régimen de inhabilidades de Centros de Evaluación y Certificación:

• Permitir que los Centros de evaluación creados por Universidades, IP y CFT, así como los pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro representativas de empleadores y trabajadores, puedan evaluar y certificar a sus propios egresados y a los egresados de entidades relacionadas.

9.Régimen sancionatorio:

• El proyecto de ley perfecciona el régimen sancionatorio en materia de suspensión, flexibilizando el rango de aplicación con límites de tiempo inferiores y mayores para graduar la sanción.

10.Financiamiento vía Franquicia Tributaria:

• Equiparar la regulación de la franquicia tributaria para certificación y capacitación, estableciendo los mismos tramos. 

11. Incentivos OTIC para promover la certificación

• Equiparar la regulación aplicable a los OTIC para intermediar certificación y capacitación.

12.Financiamiento de la certificación:

• Traspaso a ChileValora de línea presupuestaria para otorgar subsidios para la certificación de competencias laborales (actualmente radicada en el presupuesto de SENCE), para permitir a la Comisión cumplir con sus objetivos estratégicos y asegurar una mejor focalización en poblaciones en las que el Sistema tiene una baja cobertura.

13.Otros cambios:

• Se propone que el nombre de la jefatura de servicio sea modificado de Secretario/a Ejecutivo/a Director/a Ejecutivo/a, para homologar esta denominación a otros servicios públicos de similares funciones y responsabilidades.
• Se establece la facultad del director, al igual que en otros servicios, de transigir judicial y extrajudicialmente, otorgando mayor certeza jurídica en litigios principalmente de carácter laboral, evitando sentencias condenatorias por montos elevados.
• Con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para evaluar los resultados de la certificación en la empleabilidad de los beneficiarios, se propone dotar a ChileValora de las facultades necesarias para acceder a los microdatos contenidos en la base del Seguro de Cesantía, en los mismos términos establecidos en el artículo 34 B de la ley 19.728.