Qué hacemos

El Sistema de Certificación de Competencias Laborales es una política pública establecida mediante la Ley N° 20.267 del año 2008. Lo conduce la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora, servicio público, funcionalmente descentralizado, que se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Su función principal, según lo establece dicha ley es “el reconocimiento formal de las competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título o grado académico otorgado por la enseñanza formal de conformidad a las disposiciones de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza; así como favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo de las personas, su reconocimiento y valorización,  mediante procesos de evaluación y certificación de las mismas, basados en estándares definidos y validados por los sectores productivos”. [1]

ChileValora debe contribuir a que el sistema público de capacitación disponga de una oferta de cursos diseñados en base a los estándares de competencias que defina el sistema, para hacer posible el cierre de brechas de competencia de aquellos trabajadores que así lo requieran, como también, la formación continua de otros interesados en adquirirlas. Asimismo, tiene el deber de poner la información del sistema a disposición de las instituciones educativas, a fin de permitirles relacionar las competencias levantadas con los diferentes niveles educacionales, incorporarlas en el diseño de planes y programas de estudio y facilitar el reconocimiento de las competencias certificadas en los procesos formales de educación.

En consecuencia y desde la perspectiva más amplia de la política pública orientada a la formación de capital humano de la cual forma parte, un sistema maduro de certificación de competencias laborales, debiera generar efectos positivos tanto para el trabajador, para la empresa, además de contribuir a mejorar el funcionamiento del resto de la institucionalidad.

En el conjunto de los trabajadores el certificado visibiliza su productividad. Por ello, debería tener un efecto positivo en la reducción de los tiempos de búsqueda de un empleo, particularmente los desocupados o trabajadores por cuenta propia. En aquellos que ya se encuentran ocupados, podría tener un impacto positivo en la movilidad al interior de la empresa y, eventualmente, en el salario. Asimismo, en la medida que el certificado también constituye un mecanismo de reconocimiento social, éste debería tener un impacto en la subjetividad del trabajador en la medida que éste percibe que la sociedad le reconoce su valía y dignidad como trabajador. Por último, en la medida que se avance en la construcción de un marco de cualificaciones a nivel nacional que conecte, de manera modular, los distintos niveles formativos con la certificación de competencias en los distintos sectores económicos, cada trabajador podría desarrollar su propio itinerario formativo, sin necesidad de hacer el mismo recorrido de un estudiante que proviene de la educación formal, en la medida que las instituciones de Formación Técnica, sean de nivel medio o superior, le reconozcan sus aprendizajes previos a través de los procesos de certificación[2].

En las empresas la certificación también tiene efectos positivos. En primer lugar, contratar a un trabajador certificado disminuye los costos de transacción entendidos como el costo de búsqueda y reclutamiento de mano de obra calificada. En segundo lugar, al evaluar a sus trabajadores, es posible conocer si realmente cumplen con el estándar de desempeño que exige el mercado y si no lo cumple, qué es aquello que necesita para mejorar sus conocimientos y, por tanto, orienta la adquisición de capacitación y disminuye sus costos asociados. Con ello puede -en el mediano plazo- nivelar el estándar de desempeño de sus trabajadores, mejorar la productividad y con ello su competitividad. Por otro lado, muchas empresas que se enfrentan a mercados altamente competitivos afrontan exigencias de trazabilidad, por lo que contar con trabajadores certificados puede ser, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva.

Por último, el sistema de certificación también genera bienes públicos que contribuyen a mejorar el desempeño del resto de la institucionalidad de formación en la que participan actores públicos como privados. En lo que respecta al sistema de capacitación laboral, la certificación de competencias laborales aporta pertinencia, en la medida que los estándares de competencias laborales vinculados a cada perfil son levantados y validados con la participación activa de trabajadores y empresas relevantes de la industria y, por cada perfil que se levanta, existe un plan formativo que puede servir de base de futuros cursos de capacitación ofertados desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Dicho proceso de levantamiento también entrega insumos a la oferta educativa, puesto que no sólo se desarrollan planes formativos, sino que también se han incluido recientemente el desarrollo de rutas formativo laborales, las cuales permiten orientar la oferta curricular de la Enseñanza Media Técnico Profesional y de los Centros de Formación Técnica y avanzar hacia el desarrollo de mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos que hagan más fluido el vínculo entre el mundo de la certificación, la capacitación y la educación[3].


[1] El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales tiene su origen en el Programa de Educación y Capacitación Permanente “Chile Califica”, iniciativa financiada con aportes del Banco Mundial y del Estado de Chile. Esta iniciativa que se extendió entre los años 2002 y 2009, tuvo por objetivo fundamental establecer las bases de un sistema de aprendizaje y capacitación permanente, con la participación del sector privado (empleadores y trabajadores). El programa contó con cuatro componentes: a) la generación de nuevas oportunidades de educación y capacitación permanentes; b) mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura de la educación técnico profesional; c) establecimiento de instrumentos de apoyo a la provisión de servicios de formación y capacitación permanentes y d) fortalecimiento institucional. En el marco del tercer componente, Chile Califica avanzó en dos direcciones. En primer lugar, en la identificación y levantamiento de estándares de competencias laborales en algunos sectores de la economía, tales como, gastronomía, gas y electricidad, hotelería, turismo receptivo, informática, frutícola, metal-mecánica y vitivinícola, piloteando experiencias demostrativas de certificación de competencias laborales para trabajadores de los mencionados sectores, labor que se extendió hasta el año 2009 y cuyo ejecutor fue la Fundación Chile. En segundo lugar, en un proyecto de Ley que generase las bases institucionales para la instalación del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales como una política de Estado y que culminó con la promulgación de la ley 20.267.

[2] Un marco de cualificaciones es un instrumento para el desarrollo, clasificación y reconocimiento de las habilidades, conocimientos y competencias en un continuo de niveles” (Tuck, 2007). Posibilita desarrollar, organizar y reconocer los conocimientos, habilidades y destrezas que son demandadas para desempeñarse en el mundo laboral, ordenándolas en niveles continuos y trazándolas sobre la base de descriptores previamente determinados.

[3] En la sección que sigue se explica con más detalle el funcionamiento y operación del sistema de manera de que el lector pueda tener claridad de las razones por las cuales éstas también podrían ser consideradas contribuciones del sistema.